De Khashoggi a Saleh: la receta de los poderosos para aplastar a la disidencia

La reciente ejecución del periodista saudí Jamal Khashoggi dentro de la sede diplomática de su país en Estambul, las torturas que por más de ocho meses sufrió el iraní Amir Fakhravar, los asesinatos de opositores al régimen de Vladimir Putin o los impactantes testimonios de las torturas sufridas por activistas políticos venezolanos, tienen un denominador común: el uso de métodos cada vez más sofisticados de castigo por parte de los regímenes autoritarios para ejercer control social de la población civil y aplastar la disidencia.

Por: Fiorella Perfetto

La misión fue cuidadosamente planificada. Una vez atravesó las puertas de la sede diplomática en Estambul, fue estrangulado y sus dedos, esos que denunciaron al mundo los atropellos del régimen saudí, cortados uno a uno, al igual que su cuerpo.

Así lo confirmó el representante de la fiscalía turca, Irfan Fidan. Según versiones periodísticas, los “paquetes” con fragmentos de quien en vida fuera el periodista disidente Jamal Khassoghi fueron extraídos envueltos en una alfombra hacia un paradero aún desconocido.

La operación fue dirigida por un connotado médico saudí que formó parte del equipo que llevó a cabo la misión. Fue llevado desde Arabia Saudita hasta Estambul para diseccionar el cadáver. Las grabaciones obtenidas por autoridades turcas y filtradas a la prensa, primero al diario Yeni Safak y después a medios de todo el orbe, describen los aterradores minutos finales de Khashoggi, incluso, los consejos que el galeno especialista forense ofrecía a los asesinos. “Escuchen música”, para aliviar la tensión mientras cortaban su cabeza.

Los detalles de tal ejecución abundan en las comunicaciones interceptadas por los turcos dentro de la sede diplomática, pero lógicamente no podrán ser reconocidas por tratarse de una franca violación al derecho internacional. Incluso, los perpetradores habrían preparado a un hombre para que fungiera como Khashoggi y simular su salida del consulado, vestido con la ropa que el periodista llevaba ese día, con el propósito de negar su asesinato.

El video muestra al personaje doble que los asesinos usaron para mantener la versión de que el periodista estaba vivo. Cortesía: CNN

Así fue el trágico final de este disidente saudí, cuya muerte no habría sido posible “sin una orden del más alto nivel”, según afirman ahora las autoridades turcas. Jamal Khashoggi, periodista del diario estadounidense The Washington Post y residente de este país, habría desaparecido el 2 de octubre pasado, una vez su prometida, Hatice Cengiz, le vio alejarse del auto y entrar en la sede diplomática árabe, para obtener los documentos de divorcio de su anterior pareja y así poder contraer nupcias nuevamente.

“Él tenía temor de visitar el consulado pero confiaba que, siendo una sede en Turquía, fuera de Arabia Saudita, nada le pasaría. Yo esperé en el auto mucho tiempo, cuando vi que ya eran más de las cuatro de la tarde y el consulado había cerrado me angustié mucho, algo le había pasado”, describió, atribulada, lo ocurrido aquel día.

Forenses turcos investigaron en lo que posteriormente se comprobó era la escena del crimen. Cortesía: The Times of Israel

El relato de la ejecución de Khashoggi sirve para entender qué mecanismos de tortura, castigo y muerte usan los regímenes autoritarios contra sus disidentes, sin distingo de la inclinación cultural. En el caso de Mohammad bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, servir la cabeza de su enemigo en bandeja parece ser el método elegido para callar las voces en su contra.

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Khashoggi, uno de más de la disidencia

Aun cuando el príncipe heredero negó el crimen por más de dos semanas incluso en la propia cara del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo quien le visitó en un par de oportunidades, la versión turca obtenida por las escuchas hechas en el interior de la sede diplomática saudí y las investigaciones forenses finalmente se impusieron. Al gobierno de Riad no le quedó más que reconocer que Khashoggi había sido asesinado “luego que un interrogatorio saliera mal y se originara una pelea”. La nación árabe prometió castigar a los culpables.

Esta nueva versión oficial de los hechos ocurridos constituye un atisbo para lavar la cara del régimen saudí ante el reclamo internacional que exigió la verdad sobre el hecho. Lo cierto es que, al igual que ocurre a lo interno de cualquier régimen autoritario, son los ciudadanos lo que llevan a cuestas el horror y la tragedia que supone las constantes violaciones a los derechos humanos y civiles, a la vida misma, con poca o inclusa nula resistencia internacional.

El castigo, en este caso la ejecución extrajudicial, alcanzó más allá de las fronteras del reino árabe a Jamal Khashoggi. El periodista huyó de su país en junio de 2017 tras ser perseguido por levantar la voz en contra del régimen actual que ya cuenta con un grueso expediente de detenciones de líderes religiosos, intelectuales, periodistas y todo aquel que muestre desacuerdo con las medidas impuestas por Mohammad bin Salman, además del incremento exponencial de sentencias con castigos físicos, decapitaciones y mutilaciones basadas en lo que se supone sería una estricta interpretación de la sharía o ley islámica por parte del sistema judicial de Arabia Saudita.

Khashoggi contó a la revista Vanity Fair un breve relato sobre los hechos que le obligaron a dejar atrás su país. Relató que tras haber pronunciado un discurso en Estados Unidos en noviembre de 2016 en el cual fue “ligeramente crítico” con el entonces presidente electo Donald Trump, regresó a Arabia Saudita. Allí recibió una llamada del asesor de medios del príncipe heredero en la que se le notificó que no tenía permiso para twittear o escribir en su columna del periódico ni ofrecer comentarios a periodistas extranjeros. Según Khashoggi fue “ordenado al silencio”, refiere el portal Grunge.

Esta sería, quizá, una de las últimas advertencias que recibió antes de ser ejecutado en el consulado de su país en Turquía. Anteriormente, el periodista se vio obligado en un par de ocasiones a renunciar como editor- jefe del periódico al-Watan, “por publicar cosas que a la realeza no le gustaban”. Incluso en 2010 había “chocado con las autoridades por publicar artículos sobre la policía religiosa y los derechos de las mujeres”, recordó la BBC.

Aun fuera de Arabia Saudita, Khashoggi enfrentó la persecución y la censura. En 2015, inició transmisiones una nueva estación de televisión satelital con base en Bahrein en la que el periodista fue parte de la plantilla. Unas 11 horas después de que comenzó a verse la señal, la planta fue cerrada.

Sus escritos transmitieron al mundo el horror saudí: las cárceles están abarrotadas de disidentes tras el giro represivo que Mohammad bin Salman le ha dado al país. Aunque las leyes de este país contemplan castigos como la decapitación o la crucifixión para crímenes como el narcotráfico,  hoy son usados como mecanismos de control social sobre la población civil.

“Arabia Saudita no siempre fue tan represiva. Ahora es insoportable”, es el título de uno de los últimos trabajos de Khashoggi. Cortesía: The Washington Post

“Estas crueles ejecuciones hacen parte de los más recientes hechos de persecución que el gobierno de Arabia Saudita adelanta en contra de la minoría chií. La pena de muerte está siendo empleada como arma política para reprimir a este grupo por desaprobar el trato al que es sometido y para callar a otros por medio de la intimidación”, manifestó Lynn Maalouf, directora de Investigación de la oficina de Amnistía Internacional en Beirut, a través de un informe publicado por esta ONG, reseñado por el portal Grandes Medios.

Sin embargo, no parece haber distingo entre el sistema policial actual de Arabia Saudita y las prácticas de terrorismo de Estado usadas en regímenes occidentales totalitarios existentes en otras latitudes, indistintamente de su carácter cultural.

La gerencia editorial de The Washington Post, publicó el pasado 18 de octubre en el espacio donde habitualmente escribía Khashoggi, algunos datos que explican cómo actúa el régimen saudí, hoy convertido en un Estado policial, tomando también como ejemplo el caso del economista y empresario Essem Al-Zamel.

Al Zamel, convertido en un gran “influencer” de las redes sociales, criticó el año pasado un plan del príncipe heredero Mohammed bin Salman para ofrecer acciones a los inversores en el gigante petrolero nacional Aramco. Se suponía que sería un evento deslumbrante, otra idea audaz en el plan del príncipe heredero para modernizar y diversificar el reino. Pero Al-Zamel dijo que la valoración era tan alta que implicaba vender todas las reservas de petróleo del país durante las próximas dos décadas y escribió en su cuenta que “no es justo ni lógico vender el petróleo debajo de nuestros pies”.

No hubo, como ocurre en cualquier nación libre, un debate sobre la decisión real ni consideraciones ante los ciudadanos de este país. Lo que sí sucedió fue que Al Zamel fue arrastrado junto a periodistas, clérigos, académicos y otros saudíes hasta la cárcel, donde permanece hoy.

“Fue severamente castigado, acusado de pertenecer a una organización terrorista, reunirse con extranjeros y publicar tweets perjudiciales para el orden público”. Otros han sido víctimas de latigazos sentenciados a prisión, como el caso del bloguero Raif Badawi por desafiar a una monarquía absoluta que no tolera una disidencia abierta, pero que en los tiempos que corren con el príncipe heredero al frente del reinado, la crueldad y la tiranía invadieron todos los espacios ciudadanos. Y estas denuncias firmaron la ejecución de Khashoggi.

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La disidencia es castigada, venga de donde venga. Recuerda el rotativo estadounidense, el último hogar editorial de Khashoggi, que el anterior sistema político de Arabia Saudita al menos permitía canales limitados para expresar opiniones. “Pero esos canales se han sofocado bajo el reinado del rey Salman, quien asumió el control en 2015, y su hijo Mohammed, quien se convirtió en el príncipe heredero en junio de 2017”.

Los nuevos gobernantes reorganizaron las agencias y reescribieron las leyes contra el terrorismo, una legítima preocupación de seguridad y así obtener más poder para sofocar la disidencia y encarcelar a las personas durante largos períodos con el más mínimo pretexto, incluso a sus propios familiares.

El príncipe heredero purgó a su primo, Mohammed bin Nayef, quien controlaba el ministerio del Interior que luego fue despojado de sus poderes en inteligencia y contraterrorismo y en su lugar se creó una nueva y poderosa agencia llamada Presidencia de Seguridad del Estado, de acuerdo con un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, refiere el diario estadounidense. Este organismo informa directamente al rey y puede llevar a cabo búsqueda, investigación, incautación, enjuiciamiento penal y administrativo sin supervisión judicial”.

“Casi todos los procesamientos de activistas políticos y de derechos humanos se han canalizado a través del llamado ´Tribunal Penal Especializado´, originalmente establecido en 2008 para manejar casos de terrorismo, donde los acusados ​​a menudo no tienen abogados durante la fase de investigación y las detenciones preventivas pueden ser arbitrarias y prolongadas. En octubre de 2017, el reino actualizó su ley de contraterrorismo, que ya era demasiado amplia, para agregar una gran cantidad de articulados ambiguos para criminalizar la libre expresión. Por ejemplo, la definición de terrorismo se extendió a aquellos que describen al rey o al príncipe heredero de alguna manera ofensiva para la religión o la justicia”, refiere la nota.

Las cárceles de Arabia Saudita están ahora llenas de personas atrapadas en la represión lanzada por el príncipe heredero. Entre ellos se encuentran 11 fundadores de la Asociación Saudita de Derechos Civiles y Políticos, condenados a un total de casi 200 años en prisión y prohibiciones de viajar. Organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que fueron detenidas al menos 400 personas durante el primer año de gobierno del príncipe heredero, que como se dijo, incluyen periodistas, activistas, clérigos y empresarios.

La persecución de la disidencia, políticos y miembros de organizaciones vigilantes de los derechos humanos y civiles, que han sido víctimas de torturas, tratos crueles, juicios amañados, prisión, exilio e incluso la muerte no tiene fronteras. No existe distancia que separe la feroz violación a los derechos humanos que viven hoy los ciudadanos saudíes con la existente en latitudes occidentales, en países aplastados por regímenes totalitarios.

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Los zares del veneno, la tortura y la muerte 

“La guerra que el presidente ruso, Boris Yeltsin lanzó contra Chechenia en 1994 fue un grave error, mientras la segunda que inició Vladimir Putin en 1999 fue simple y llanamente una revancha”, aseguró Grigori Yavlinski, el legendario dirigente del partido liberal ruso de oposición Yabloko.

La cita del Diario de España, traslada la memoria a la segunda guerra de Chechenia, uno de los más sangrientos conflictos armados que se haya dado en los tiempos modernos. Los reportes sobre lo que allí aconteció fueron lanzados al mundo por la pluma de Anna Politkovskaya.

“Sucedió en octubre de 1999, poco después de la llegada al gobierno de Vladimir Putin, de la muerte de 246 personas en la explosión de dos edificios de viviendas de Moscú y de la incursión de islamistas radicales chechenos en la vecina república rusa de Daguestán, cuando los militares rusos volvieron a poner sus botas en Chechenia”, relata el rotativo español.

“Fue una serie de operaciones especiales; insisto, operaciones especiales, el pretexto para la segunda guerra chechena”, aseveró Yavlinski, en alusión a la presunta participación de los servicios secretos rusos en los atentados contra los edificios en Moscú, que en su opinión, el mayor costo de esas dos guerras es que la vida humana perdió todo valor en Rusia”.

Esta y otras tantas historias fueron reportadas por la periodista y activista de los derechos humanos Anna Politkovskaya. Fue arrestada por las fuerzas rusas que operaban en Chechenia y sometida a lo que se conoce como “ejecución simulada”, método de intimidación y tortura propio del terrorismo de Estado.

Así lo narró la escritora, poco después de su liberación. “El teniente coronel con un rostro moreno y ojos saltones oscuros dijo en un tono serio: ‘Vamos. Voy a dispararte’. Me llevó fuera de la tienda en completa oscuridad. Las noches aquí son impenetrables. Después, caminamos por un tiempo, dijo: ‘Estés lista o no, aquí vengo’. Noté una detonación cerca de mí. El teniente coronel estaba tan feliz cuando me agaché del susto. No te acostumbras a esto, pero se aprende a vivir con ello”.

Politkovskaya recibió otra “advertencia” con sello ruso. En 2004, fue envenenada cuando se trasladaba desde Moscú a investigar la masacre ocurrida en un colegio de la ciudad de Beslán (el secuestro de 1100 personas entre ellas más de 700 niños por parte de las fuerzas rebeldes chechenas y que el uso de la fuerza letal excesiva por parte de Rusia acabó con la vida de 334 rehenes).

Pero, nada de ello la hizo cambiar. Reseñan medios de la época que era frecuente escucharle decir que si huía, aquello sería una victoria para los rusos. Pero estos ya habían impreso su nombre en una lápida del cementerio de Troyekurovskoye luego que el 7 de octubre de 2006 la simulación de su asesinato se haría realidad.

“Dos tiros en el pecho, otro en el hombro. Por si acaso, un último en la cabeza, ya sin vida. Los sicarios lo llaman el disparo de control”, relata el diario español El Mundo, acabó con la vida de la periodista y claro, con la incomodidad de sus denuncias por las cruentas actuaciones del gobierno de Vladimir Putin. Un telón de versiones oficiales y condenas a los “culpables” cerraría este capítulo, el habitual epílogo de los crímenes de Estado.

En el caso de Boris Nemtsov no hizo falta cuidar las formas. Se dispuso su ejecución durante la fría noche del 27 de febrero de 2015, en pleno centro de la capital moscovita y ante decenas de testigos.

Vendrían inmediatamente las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Vladimir Putin. “Boris Nemtsov paseaba con una acompañante por el Gran Puente de piedra situado cerca del Kremlin, cuando le dispararon cuatro veces en la espalda, causando su muerte”, informó el ministerio del Interior de este país.

El cuerpo de Boris Nemtsov, tras ser asesinado a tiros en Moscú. Imagen: Cortesía

Sería ese domingo, apenas unas horas antes de su asesinato, cuando el ex viceprimer ministro del fallecido ex presidente Boris Yeltzin y uno de los más conspicuos opositores al régimen ruso, encabezaría una movilización de protesta en Moscú. “Será la marcha de la primavera contra la guerra en Ucrania”, recogieron los medios durante esos días de la convocatoria. “Putin es la guerra, Putin es la crisis, despierta, país”, escribió Nemtsov para convocar a los ciudadanos a la marcha.

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Cuenta El País de España que este político originario de la provincia de Sochi causó revuelo meses antes al denunciar numerosos casos de corrupción del gobierno de Putin además de develar “los enormes costos de las olimpíadas de invierno”, que se realizaron un año antes en su natal provincia.

“En la última entrada en su blog, Nemtsov decía que las autoridades rusas comprendían muy bien la importancia del mitin convocado para el primero de marzo en Moscú y que por ello habían aparecido 11 solicitudes para realizar marchas en diferentes lugares de la capital (para diluir la principal) y se había organizado la proyección televisiva de una película propagandística sobre la oposición”.

¿La versión oficial?: el presidente Putin envió condolencias a los familiares y declaró que este asesinato no es otra cosa que “una acción que intenta desestabilizar al gobierno”. Se dijo que su muerte se debió a sus críticas a los islamistas chechenos. Cinco de ellos fueron acusados del crimen.

La organización catalana “Fundación Centro para la Documentación e Información” publicó poco después de que el gobierno ruso anunciara la conclusión del caso, un revelador texto del investigador principal de este instituto, Nicolás de Pedro.

“La investigación sobre el asesinato de Boris Nemtsov comienza a discurrir por lugares conocidos, pero las incertidumbres aumentan con cada nueva revelación. La conexión constatada y documentada entre el principal sospechoso, Zaur Dadáyev y Ramzán Kadírov, hombre fuerte de Chechenia y estrecho aliado del presidente Putin, refuerza la hipótesis de la vinculación del crimen con el Kremlin y sugiere posibles luchas internas dentro de los aparatos de seguridad estatales”.

La lista de asesinatos ocurridos durante el gobierno actual ruso es larga y nada se sabe de los autores intelectuales de tales hechos. No existen esfuerzos desde Moscú para descubrir los cerebros detrás de los asesinatos de ciudadanos con un denominador común: alzaron sus voces para oponerse al régimen, denunciar hechos de corrupción, la violación de derechos humanos o el crimen organizado bajo el manto del gobierno de Putin.

Otros han sido víctimas de “muertes inexplicadas” lejos de las fronteras rusas. Disidentes y opositores han corrido con la misma suerte, pero en este caso con un formato más sofisticado.

En marzo pasado la muerte tocó a las puertas del exilado ruso Nikolai Glushkov, amigo del también fallecido oligarca Boris Berezovsky. “Glushkov, de 68 años y asilado político en el Reino Unido fue hallado muerto en su domicilio de Londres”, publicaron medios del orbe. Al igual que su amigo, Glushkov se habría quitado la vida y ambos de la misma forma.

En 2013 a Boris Berezovsky lo hallaron colgado en su residencia en Berkshire, Inglaterra, en un aparente suicidio, aunque su entorno aseguró que no creían en esa hipótesis y tampoco el gobierno británico. “La primera ministra, la conservadora Theresa May, indicó que es ´altamente probable´ que el Kremlin esté detrás de ese ataque y adelantó que impondrá un amplio rango de medidas contra Rusia si confirma sus sospechas”, relató el rotativo español Diario de León.

“La muerte de Glushkov se produce en un momento de tensión entre Londres y Moscú por el envenenamiento el pasado día 4 de marzo del espía doble ruso Serguéi Skripal en suelo británico. El antiguo agente de la inteligencia militar rusa, captado por el MI6 británico en los años 90 y su hija Yulia, fueron expuestos a un agente nervioso de naturaleza militar que les ha dejado en estado crítico”.

Tanto Berezovsky como Glushkov habían huido de Rusia tras acusaciones de malversación de dinero, mientras que Skripal “había trabajado en los últimos años con agentes de inteligencia en España, un país comprometido en una batalla campal contra los grupos rusos del crimen organizado, algunos de ellos con lazos con el propio gobierno ruso”, recoge El Clarín.

Tras el envenenamiento de Serguéi Skripal en marzo de este año, Gran Bretaña hizo formal acusación del gobierno de Putin luego de identificar a dos agentes de inteligencia de este país como los autores materiales del hecho. “Los investigadores británicos dieron a conocer imágenes de cámaras de seguridad que ubican a los dos rusos en la escena del crimen y luego, de regreso a Moscú”.

Una foto de una cámara de seguridad muestra a los sospechosos en una estación de tren en Salisbury, Inglaterra, el 3 de marzo. Imagen: British Metropolitan Police (AP)

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No sólo “eliminar el problema”: la tortura como método de control social

Además de los asesinatos políticos, los regímenes autoritarios aplican sobre la población civil y sus opositores métodos de tortura que han sido usados en conflictos armados, con el propósito de inyectar miedo y ejercer control social de sus gobernados. Así, numerosos testimonios se han conocido de víctimas que sobrevivieron a estas cruentas prácticas.

Países como Rusia, Irán o Cuba, suelen usarlas en los recintos penitenciarios pero también en centros clandestinos preparados para la ejecución de tácticas aún más sofisticadas, como la llamada “tortura blanca”. Este método no es algo nuevo, de hecho las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña han sido señaladas por sus prácticas durante interrogatorios a individuos capturados y sospechosos de terrorismo.

Los asesinatos encubiertos como suicidios, las ejecuciones simuladas o las desapariciones también son frecuentes en estas sociedades oprimidas por gobiernos totalitarios. Y Venezuela ya figura dentro de los países cuyo gobierno practica estos métodos.

Las cifras de víctimas como resultado de estos crímenes es difícil de estimar. Sin embargo, existen algunos datos. Según un informe sobre derechos humanos del Consejo Europeo, tan solo en Rusia se registran al menos seis muertes por cada 1000 presos. “El número total de fallecidos se eleva a 4.000, siendo este país el que tiene la mayor población reclusa de toda Europa, es decir, 646.000 prisioneros”, refirió el diario catalán El Periódico.

El julio pasado, un perturbador video recogía las torturas que un grupo de funcionarios rusos infligió a un preso en la cárcel de Yaroslavl. “La víctima permanece durante la mayoría del tiempo cabeza abajo sobre una mesa. Algunos de los carceleros se sientan sobre su cuerpo, otros le sujetan las manos esposadas. En ocasiones le lanzan cubos de agua y son las plantas de los pies el objetivo principal de los golpes”, citó el rotativo español. La denuncia que fue originalmente difundida en la publicación opositora Novaya Gazeta obligó a la Fiscalía rusa a abrir un caso criminal, lo cual no habría sucedido de no conocerse estos hechos.

En los últimos años, se han conocido impactantes testimonios y hechos que documentan cómo estos países usan estas tácticas sobre los disidentes. Una de ellas es la llamada “tortura blanca”, esa que narró el ex preso político Lorent Saleh, recientemente liberado y obligado al exilio. El impactante testimonio de este joven activista venezolano coincide con el del disidente iraní Amir Fakhravar, quien también fue torturado por la Guardia Revolucionaria de este país.

Se trata de un método de privación sensorial extrema. “No vimos ningún color, toda la celda era blanca, el piso era blanco, nuestra ropa era blanca y también la luz, las 24 horas, era blanca. Nuestra comida, también, era arroz blanco”, explica Fakhravar a CNN.

“No podíamos ver ningún color y no podíamos escuchar ninguna voz (…). Tenía que deslizar un pedazo de papel blanco debajo de la puerta si quería usar el baño. Incluso los guardias llevaban zapatos acolchados para silenciar cualquier sonido. El silencio es ´ensordecedor´ e ´inhumano´”, explicó el iraní, que fue sometido a ocho meses de aislamiento. “Después de esos meses no pude recordar la cara de mi padre y de mi madre”, dice Fakhravar. “Cuando me liberaron de esa prisión no era una persona normal”.

El testimonio de Fakhravar no dista del que unos días atrás ofreció Saleh desde su exilio en España.

“La Tumba es un centro de tortura. Está ubicado cinco pisos bajo tierra, en un edificio del centro de Caracas llamado Plaza Venezuela, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Es un laboratorio creado para la aplicación de un tipo muy particular de torturas. Un lugar sofisticado, moderno. (…) Es la tecnología y la tortura psicológica. Todo brilla. Todo es limpio y blanco. El silencio es absoluto; la soledad es completa. Parece un manicomio futurista. (…) Son los espejos, las cámaras, las paredes blancas. Se huele perfectamente el tufo extranjero (…) El frío. Glacial. Lo utilizan para encogerte. Para que no puedas moverte. Para reducirte a una lámina de piel. Para jibarizarte. Para que sepas que el individuo, tú, no vales nada. Por más que te hayas preparado para algo así, y los activistas venezolanos en Derechos Humanos estamos preparados, te hundes. Yo empecé a llorar (…)”, describió el venezolano.
Y sigue. “Yo estuve en un sarcófago blanco, como un ciego, meses y meses. ¿Y cuánto vale la conciencia del tiempo? No es que yo no supiera si era de día o de noche. Es que no sabía si había dormido una hora o diez. ¿Y qué valor tiene un espejo? Cuando no te ves la cara durante mucho tiempo te olvidas de cómo eres. La primera vez que me vi en un espejo tuve un ‘shock’. Me palpé, susurré…´Éste soy yo´”.

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Cuba o ¿el gran hermano?

Así como en aquellas latitudes, ocurre lo propio en países con gobiernos totalitarios en el continente americano. Y es el miedo como política de Estado lo que por más de 50 años ha prevalecido entre los ciudadanos de Cuba.

Fidel Castro tomó el poder en 1959 luego de comandar una revolución en contra de Fulgencio Batista y en 1976 reformó la Constitución de ese país dándole un vuelco a la estructura gubernamental. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos y civiles se cuentan por miles, como consecuencia de la imposición de un andamiaje legislativo que cerró las puertas a cualquier atisbo de resistencia. Para lograrlo, el régimen totalitario de la isla ilegalizó las organizaciones cubanas de derechos humanos, los partidos políticos alternativos, los sindicatos independientes o la prensa libre, tal y como recoge Human Rights Watch.

Esto, además de la anulación de poderes públicos independientes y el uso de grupos civiles insertos en la población para vigilar todos sus movimientos, convirtieron al cubano en un rehén de la dictadura. Aquellos que infringieran la ley serían condenados a formar parte de los cruentos corredores del sistema carcelario de este país, rodeados de hambre, enfermedades y hacinamiento.

La entidad defensora de los derechos humanos lo explica sin cortapisas.

“Muchas de las tácticas abusivas desarrolladas mientras Castro estuvo en el poder —como vigilancia, golpizas, detenciones arbitrarias y actos públicos de repudio— aún hoy continúan siendo usadas por el gobierno cubano. Durante las décadas en que Castro se mantuvo en el poder, la negación de libertades fundamentales fue implacable, e incluso se intensificó en ciertos períodos, como la ola represiva contra 75 defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y otros críticos del gobierno que tuvo lugar en 2003, (…) acusadas de ´mercenarias´ del gobierno estadounidense y juzgadas en forma sumaria en procesos a puertas cerradas. Muchas permanecieron años en prisiones en condiciones inhumanas, fueron sometidas a largos períodos de aislamiento y golpizas, y se les negó asistencia médica básica incluso cuando padecían enfermedades graves”.

Con tal hermetismo existente en Cuba, es poco lo que se puede conocer sobre el alcance de los mecanismos de castigo, torturas y ejecuciones que han ocurrido puertas adentro en la isla, prácticas heredadas de la antigua Unión Soviética, el gran aliado de Fidel Castro. Sin embargo, algunos de estos casos han visto la luz, como el fusilamiento en 2003 de tres jóvenes que secuestraron un barco para escapar de la isla.

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Ocurrió el 11 de abril de ese año. Tras un juicio sumarísimo, Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac fueron fusilados, mientras otras ocho personas recibieron castigos de prisión, “por constituir graves delitos de terrorismo previstos en la Ley 93 contra Actos de Terrorismo, del 24 de diciembre del 2001″, según refiere una escueta nota de la prensa oficialista.

“Un coronel me dijo el jueves que había que esperar que los papeles bajaran del consejo de Estado, sin embargo al día siguiente, viernes, amanecieron muertos”, comentó la madre de Lorenzo Copello.

Entonces Fidel Castro justificó la medida. “Los peligros potenciales que implicaban no solo para la vida de numerosas personas inocentes sino también para la seguridad del país —sometido a un plan siniestro de provocaciones fraguado por los sectores más extremistas del Gobierno de Estados Unidos y sus aliados de la mafia terrorista de Miami con el único propósito de crear condiciones y pretextos para agredir a nuestra Patria”.

Ese mismo año, el régimen encarceló a 75 disidentes por “delitos de conciencia” y les condenó a largas penas de prisión, evento que se conoció como “la primavera negra”. Era el año en que a Cuba llegaron los primeros subsidios provenientes de Venezuela, al mando de su nuevo gran aliado, el fallecido ex presidente Hugo Chávez, como explica en su blog uno de estos 75 sobrevivientes de la tortura  del régimen cubano.

Posteriormente, el 22 de julio de 2012, murió en un extraño accidente de tránsito el disidente cubano Oswaldo Payá. En 2016 la organización Human Rights Foundation publicó un informe independiente que apuntaba a “indicios sólidos de que el automóvil en el que viajaban Payá y su compañero activista Harold Cepero fue embestido por otro. Asimismo, el informe indicaba que no está esclarecido si ambos disidentes fallecieron en el acto, o si fueron golpeados hasta la muerte tras el accidente”, refirió la agencia EFE.

El informe final de la organización defensora de los derechos humanos sobre la muerte del disidente Oswaldo Payá. Imagen: Cortesía

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El tufo extranjero de la tortura y muerte en Venezuela.

Los asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales, la práctica de torturas sobre disidentes opositores y el uso de métodos represivos contra la población civil marcan el estado de deterioro del país en cuanto al respeto a los derechos humanos y civiles. Aun cuando hechos como estos han ocurrido antes, es en los tiempos recientes que se tiene conocimiento del uso de métodos más sofisticados – y ajenos a los manejados en los cuerpos policiales venezolanos – para quebrar a la disidencia en contra del régimen chavista.

El relato del activista político Lorent Saleh víctima de la tortura blanca, infligida durante dos años en el centro de reclusión clandestino conocido como La Tumba, el suicidio – según versiones oficiales – del concejal del partido Primero Justicia, Fernando Albán, ocurrido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), bajo custodia y desde el décimo piso de la sede, donde se encuentran las oficinas administrativas de la dirección de Contrainteligencia y las torturas narradas por los presos políticos que sobrevivieron a las atrocidades de centros de reclusión como el Helicoide o las cárceles venezolanas, guardan especial relación con los métodos implementados en Rusia o Cuba para quebrar a la disidencia, tal y como relató Saleh. “Se huele perfectamente el tufo extranjero”, el tufo ruso – cubano.

La esposa de Gerardo Carrero, otro joven activista político que fue detenido en mayo de 2014 durante las protestas frente a la sede de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Caracas, relató el castigo al que fue sometido tras realizar una huelga de hambre y ser interrogado por uno de los comisarios de la inteligencia venezolana.

“El comisario Carlos Calderón (funcionario del Sebin) le reclamó por qué hacía la huelga de hambre y él solo le respondió ‘libertad para Venezuela’. Luego de eso se lo llevaron a otro cuarto lo amarraron por las muñecas y lo colgaron durante 12 horas y luego le dieron con unas tablas. Al día siguiente cuando lo soltaron cayó al suelo sin poder levantarse. Ese día era mi visita y yo noté una actitud extraña de los funcionarios y lo vi entrar cojeando y me contó todo esto. Además le dijeron que nos iban a matar a nosotros, a mí, a los niños, a su papá”, añadió su esposa, Mariana Serrano.

Carrero estaba detenido en El Helicoide, pero fue trasladado a La Tumba por denunciar esta tortura. Fue liberado el 31 de diciembre de 2016.

Decenas de torturas similares ocurrieron durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro que se dieron en el país tanto en 2014 como en 2017. Jóvenes que fueron “cazados” durante las manifestaciones ofrecieron entonces sus testimonios y afirmaron escuchar acentos extranjeros entre los perpetradores de estos crímenes.

Los expresidentes latinoamericanos, Andrés Pastrana, de Colombia, José Tuto Quiroga, de Bolivia y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmaron este hecho y aseguraron en octubre pasado conocer la influencia de Cuba en los mecanismos de tortura que se usan en Venezuela actualmente.

“La aplicación de técnicas cubanas en tareas represivas y de inteligencia dentro del ejército, así como en prácticas de tortura contra detenidos por motivos políticos, son actividades claras de Cuba en Venezuela”, afirmó Almagro.

Lo propio denunció en mayo pasado el ex presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. “Están torturando jóvenes, están persiguiendo jóvenes militares y lo están haciendo de manera vergonzosa oficiales cubanos”.

La exportación de cubanos hacia Venezuela y más recientemente Nicaragua alcanza niveles de escándalo. Según el máximo representante de la OEA, Luis Almagro, habrían más de 22.000 cubanos infiltrados en Venezuela “que están trabajando para mantener al dictador Nicolás Maduro al frente del régimen”.

Recuerda el abogado cubano Ernesto Vera en su blog que “Genis Navarro, abogado defensor de 5 jóvenes que habían sido detenidos por protestar pacíficamente (en Mérida en 2016), denunció que durante la audiencia, logró demostrarse ante el tribunal que la policía aplicó torturas: los arrodillaron y les dispararon perdigones por todo el cuerpo, los colocaron en una pared sin ropa, les golpearon con los cascos y puños. Los policías que torturaban usaban capuchas y tenían acento cubano”.

Vera ejerció como abogado en su natal Cuba. Es, quizá uno de los mejores testimonios para entender cómo estos regímenes totalitarios aplastan con el peso del autoritarismo los derechos civiles y humanos, máxime porque el jurista reconoció recientemente haber trabajado para la seguridad del Estado cubano.

“Es ampliamente conocido que la tortura es un método aplicado por el régimen cubano para acallar las voces que exigen un cambio político. La tortura en Cuba es aceptada por la Fiscalía y los tribunales. A tal punto que cuando un abogado alega que su defendido ha sido torturado el juez reprueba la denuncia y hasta puede multar al letrado. Recuerdo que cuando trabajé como abogado defensor en bufetes colectivos realicé varias denuncias ante los tribunales de justicia contra oficiales de la policía que torturaban a mis clientes ya fuera para arrancarles una confesión, asumieran un crimen que no habían cometido o simplemente para que renunciaran a sus ideas políticas. En algunos casos fui multado o amonestado públicamente por los jueces del tribunal provincial de Santiago de Cuba y en otros casos recibí el silencio como respuesta a mis denuncias”.

Un libro en particular recoge el dantesco escenario de la tortura como política de Estado en Cuba, una de las herencias rusas en la isla caribeña. A su vez, “Memorias de 100 y Aldabó, la prisión más temible de Cuba”, recuerda las decenas de testimonios de las víctimas de la represión gubernamental en Venezuela.

En uno de los textos escrito por Eduardo Prida, sicólogo, penalista y  ex preso político de la llamada “causa planificación de atentado al jefe de Estado y llamado a rebelión”  se explica claramente cómo arribaron a Cuba estos métodos de tortura y control social y su precisa aplicación a los disidentes en las cárceles del país, además de las operaciones para involucrar a opositores en crímenes de Estado.

“Este modelo de trato al prisionero político fue copiado de los soviéticos y se introdujo desde los primeros tiempos del poder revolucionario por los asesores de la KGB a través de Osvaldo Sánchez, organizador de la Seguridad del Estado y Víctor Piña, organizador de la Fuerza Aérea Revolucionaria y de la Contra Inteligencia Militar, y más tarde ayudante del Ministro de las FAR. Ambos habían recibido entrenamiento en Moscú, en la Lubianka (KGB) en los primeros años de la década de 1930; y luego de ambos ser organizadores de las Brigadas Internacionales en España, fueron subordinados al Centro de la GRU en Montreal y México”, explica Prida que además recorre hechos como el “supuesto secuestro” del Il-18 de Cubana de Aviación.

“La operación del “supuesto secuestro” en 1964 del Il-18 de Cubana de Aviación, ideado por Ramiro Valdés y ejecutado por Raúl Curbelo Morales para involucrar a la Iglesia Católica en Cuba en un hecho sangriento, estaba encaminado para justificar la confiscación de tres propiedades de la Santa Sede en Cuba que Castro necesitaba para sus planes” (…).

Prida, desde su experiencia, explica con todo detalle la aplicación de estas prácticas, en especial, la “tortura blanca”. Aquí algunos extractos:

Numerosos casos de torturas y muertes que han tenido como actor al Estado venezolano han sido documentados y cursan en tribunales internacionales, pero quizá una de las más importantes iniciativas – y poco usual – la impulsaron seis países latinoamericanos.

Chile, Canadá, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la procuradora de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, abrir un proceso penal contra funcionarios del gobierno venezolano y la posible responsabilidad penal de estos individuos en las violaciones a los derechos humanos – torturas, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos – que han ocurrido desde las protestas contra el régimen chavista en 2014. Esta iniciativa fortalece el proceso que desde febrero pasado abrió este tribunal con el llamado examen preliminar y así estructurar el caso.

En todo caso, estos crímenes, a efectos de la opinión pública son cometidos por un Estado, pero la posibilidad de una sentencia de vida tras las rejas lleva nombre y apellido.

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