Robo revolucionario del siglo XXI: cómo Chávez y Kirchner asaltaron las arcas públicas

Oscar Centeno se presenta como un hombre discreto, que podría ganar la confianza de cualquiera, incluso del ex ministro argentino Julio De Vido. Tanto así que llegó a trabajar ya siendo militar retirado, para la madre de quien fuera el hombre fuerte de las jefaturas presidenciales de la pareja Kirchner.  El salteño lo tuvo claro desde el principio. Debía “protegerse” una vez dentro del círculo más íntimo de poder y corrupción argentina.  Centeno optó por llevar meticulosos registros de las operaciones corruptas que la pareja presidencial Kirchner y sus cómplices realizaron durante una década. En esa danza del dinero K que ha desatado decenas de arrestos en Argentina y coquetea con llevar a la cárcel a la expresidenta Cristina Kirchner, también bailan los poderosos de Venezuela

Por: Fiorella Perfetto

El guión digno de una novela, se compone de una cadena de traiciones que afortunadamente para los argentinos, salió a la luz y la justicia de este país está actuando. No así en Venezuela donde no se conoce la verdadera magnitud del robo al erario público llevado a cabo por el fallecido presidente Hugo Chávez, sus funcionarios y empresarios en coordinación con la pareja presidencial Kirchner, esto según los testimonios que los involucrados han confesado a las autoridades judiciales argentinas.

Y los cuadernos de las coimas, como se le ha dado a llamar a la recopilación de Centeno, han acelerado el caso. Centeno registró todas las operaciones con minuciosos detalles durante su trabajo como chofer de Roberto Baratta, conocido como el “valijero” del ex ministro Julio De Vido. Pero a su puerta también tocó la traición. Tras separarse de su primera pareja, conoce a Helena Horovitz, cancerbera de los cuadernos de las coimas hasta que en 2017 el amor murió y con él, el secreto mejor guardado de la corrupción del poder argentino. “Manejó siempre un Toyota Corolla donde supuestamente cargaba bolsos para la recaudación del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Meticuloso en sus anotaciones indicaba números y detalles financieros de su trabajo. Incluso usaba cuadernos de la misma marca”, cuenta el diario argentino El Clarín

El chofer Oscar Centeno y una muestra de sus cuadernos. Cortesía: Diario de Salta

Es entonces cuando Horovitz, en un arranque de furia, se presentó al despacho del juez federal Claudio Bonadio y acusó a su expareja de llevar y traer bolsos repletos de dinero. A partir de allí a Centeno le cambió la vida como a decenas de cómplices en esta trama de corrupción.

Uno de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Cortesía: La Nación

“El ex ministro de Planificación Julio De Vido y el valijero Roberto Baratta fueron procesados como organizadores de la asociación ilícita que conducía la ex presidente Cristina Kirchner para apropiarse de las coimas que pagaban los empresarios (…) En su resolución, el juez federal también procesó a De Vido por el delito de admisión de dádivas (cuatro hechos) y cohecho pasivo (tres hechos). Por su parte, Baratta fue acusado por un total de 90 hechos de coimas. El dato surge de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y de los testimonios producidos en el transcurso de la investigación”, reseña Infobae.

Julio De Vido y Rafael Baratta, su secretario coordinador en el Ministerio de Planificación Federal. Cortesía: El Clarín

Estos hechos de corrupción que están siendo investigados por la justicia argentina tocan de cerca y por diversos flancos al gobierno chavista. Al menos cuatro de estos casos palpitan en los estrados judiciales: el traslado de maletas llenas de dinero, una de ellas el maletín de Guido Antonini Wilson desde Caracas hasta Buenos Aires, la compra de bonos argentinos por parte de Venezuela por la cual se acusa a Chávez y los Kirchner de haber cobrado coimas, el otorgamiento de dudosos contratos para la construcción de viviendas en el país a una empresa de maletín gestionada por el abogado Néstor Marcelo Ramos, prófugo de la justicia argentina y las revelaciones que sobre la trama de sobornos en Sidor que involucran una empresa argentina se ha ventilado en las últimas horas.

The Digger conoció que “otras conexiones con Venezuela incluso de reciente data estarían siendo investigados por la justicia argentina, según dos fuentes periodísticas consultadas.

Los tentáculos bolivarianos de la corrupción argentina, por allá en 2007

Cuando se habla de las relaciones entre los gobiernos de Argentina y Venezuela, la memoria lleva directamente a las truculentas operaciones de traslado de maletas repletas de dinero desde Venezuela hacia Argentina, una de estas descubierta el 4 de agosto del 2007 por María del Luján, agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Argentina.

En esa ocasión el “valijero” fue el venezolano Guido Antonini Wilson, quien portaba una maleta con casi 800 mil dólares, hecho ocurrido durante la campaña electoral de la entonces candidata Cristina Kirchner. Este hecho también está reflejado en los cuadernos y testimonios del chofer Oscar Centeno.

El fallecido presidente Chávez se refiere al caso del maletín de Antonini Wilson. Cortesía: Youtube

El caso que estaba a punto de prescribir después de más de una década, fue reabierto el pasado mes de agosto. “El ex chofer del entonces secretario privado de Julio De Vido reconoció como habitual los traslados desde el Aeroparque para viajes privados a Venezuela”, relata el diario La Nación de Argentina.

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La danza de los bonos que llenó los bolsillos presidenciales

Pero, esta maleta llena de dólares palidece ante lo que se ventila en las cortes argentinas. Según el testimonio de Claudio Uberti, ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), compañero de viaje de Antonini Wilson y quien manejó celosamente los negocios entre Hugo Chávez y la pareja Kirchner, estos se habrían repartido coimas como producto de la compra de los bonos argentinos por parte de Venezuela.

Los hechos que pueden documentarse para lograr una acusación sólida contra los involucrados no cuentan la magnitud del robo, pero serán suficientes para llevar tras las rejas a los culpables, al menos en Argentina. Dice el diario El Clarín que, según los datos del Ministerio de Economía de este país, esta venta de bonos de la deuda pública argentina al gobierno presidido por Hugo Chávez habría alcanzado unos 5600 millones de dólares entre 2005 y 2008. La trampa estaba en la tasa de interés que se debía pagar, que duplicaban lo que en esa misma época debían pagar naciones vecinas a sus prestamistas.

Reporte de BBC sobre el anuncio hecho por Chávez en 2005. Cortesía: BBC

Venezuela habría comprado títulos como el Boden 2012 -una ampliación de la emisión original de 2002 para salir del corralito financiero-, Boden 2015, Bonar 2010 y de los llamados Bonos del Sur. (…) De acuerdo con consultores privados, en 2005 el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner logró que el país caribeño adquiriera 1.563 millones de dólares de Boden 2012 y otros 2.865 millones de dólares al año siguiente a través del mismo tipo de título. Se trata de casi una cuarta parte de los bonos cancelados en 2012, al inicio del segundo mandato de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, refiere El Clarín.

Uberti contó a las autoridades en su rol como imputado – colaborador en el caso, que ambos presidentes (Kirchner y Chávez) organizaron una operación especulativa cuando este último adquirió los 500 millones de dólares de la deuda externa argentina que les dejó ganancias por unos 100 millones de dólares “como resultado de usar las versiones sobre cuándo y cómo se iban a comprar los títulos para especular con su precio”.

Dijo además que “la mitad de esa ganancia fue como comisión a bancos que intervinieron y Néstor y Chávez se quedaron con 25 millones de dólares cada uno”, en su declaración ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas, según revelaron fuentes judiciales al diario argentino. Ese dinero fue traído a Argentina en maletas desde Caracas.

El modus operandi es claro: “Venezuela no se quedaba con los bonos, sino que los liquidaba en el mercado internacional días después de haberlos adquirido. Seguidamente, con los dólares billete que conseguían Chávez y sus amigos, los vendían en el mercado paralelo venezolano, donde gracias a las restricciones cambiarias el precio que se abonaba resultaba exorbitantemente mayor, algo que luego el gobierno argentino imitó a la perfección (…). Como consecuencia, los ex presidentes se dividieron las ganancias por el sobreprecio usufructuado, estimadas en 50 millones de dólares”, explica Infobae.

Pero el destino de tales masas de dinero debía manejarse por otros canales, además de ocultarlo al más puro estilo de los grandes cárteles de la droga en las consabidas caletas halladas en las residencias de la pareja presidencial argentina y hasta dentro de la estructura de un convento. Para ello, entidades bancarias cómplices en la operación, prestaron su estructura financiera en paraísos fiscales para ayudar a los conspiradores a ocultar el dinero y el uso de sociedades vinculadas a la pareja Kirchner y así mover el dinero sucio.

Video cortesía: Infobae

Una de ellas es emblemática en el caso. Se trata de la sociedad financiera SGI Argentina S.A, conocida como “La Rosadita” por sus relaciones con el matrimonio Kirchner y que Caraota Investiga reseñó en mayo de 2017, a propósito de una gigantesca trama de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco en la cual esta financiera declaró a la Fiscalía argentina que los dineros sospechosos de sus operaciones provinieron de operaciones en Venezuela.

Esta sociedad fue adquirida por Helvetic Services Group, que tiene como principal accionista a Néstor Marcelo Ramos, un abogado franco-argentino que se encuentra prófugo de la justicia tras recibir citaciones por esta causa. Ramos y su sobrino Javier Vanella son representantes legales de una empresa llamada Sarleaf Limited (ahora Steeleaf Trading International Limited) que operó en la Faja Petrolífera del Orinoco por intermedio la empresa venezolana Alfamaq C.A.

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El pasado 19 de septiembre se conoció un nuevo filo de la trama. Una cuenta en el Banco del Orinoco NV (entidad ubicada en Curazao y que pertenece al venezolano Víctor Vargas) a nombre de Steeleaf Trading International Limited, había recibido para diciembre de 2016 depósitos por casi 15 millones de dólares. “Casi la mitad del saldo provenía de la venta de bonos emitidos por el gobierno de Venezuela a través de una operatoria realizada por Mercantil Valores Agente de Valores S.A, cuyo director es Diego Marynberg”, reseña Infobae.

“A mediados de 2016, el Banco Central de Uruguay revocó la licencia para operar a Mercantil Valores Agente de Valores S.A. a causa de los laxos controles que llevaban a cabo en materia de prevención de lavado de activos. Y Steeleaf Trading, inscrita en el Reino Unido, no habría registrado actividad comercial hasta comienzos de 2013, momento en que inició presuntas actividades de construcción en Venezuela (…) La justicia busca determinar si la firma Steeleaf Trading podría haber sido constituida con el único fin de poder canalizar fondos millonarios a las cuentas del Banco del Orinoco a través de la simulación de operaciones comerciales inexistentes, instrumentadas con la venta de títulos públicos de Argentina y Venezuela”, explica el portal bonaerense.

Caraota Investiga contó esta historia en mayo de 2017

Un informe elaborado en julio de 2015 por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República fue remitido a Asdrúbal Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez. El documento al que tuvo acceso el investigador Alek Boyd lleva los sellos de “confidencial y urgente”. No es para menos.

Son 70 páginas que recogen el dramático cuadro en el que se encontraba la Faja Petrolífera del Orinoco conocida ahora como “Hugo Chávez Frías”, pero también existen denuncias documentadas de presuntos actos de corrupción que conectan directamente el caso de la ruta del dinero K con empresas venezolanas y funcionarios chavistas. El expediente señala directamente a Pedro León como responsable de decisiones que resultaron en graves irregularidades.

“No descarto que este informe sea el motivo principal por el cual el Gobierno lo quiere tras las rejas”, le contó un ex directivo de Pdvsa a The Digger. Poco después de la publicación de este trabajo, León se convirtió en prófugo de la justicia venezolana para unos meses después regresar al país y presuntamente ser detenido por las autoridades aunque se desconoce su paradero.

El informe se pasea por casos tan sonados como los 1400 contenedores de comida propiedad de Bariven “que se encontraron abiertos y llenos de leche en polvo vencida en recipientes con el sello de Pdval provenientes de China”, (que salió a la luz entre 2009 y 2010 período cuya gestión estuvo a manos de José Manuel González, hoy preso en Estados Unidos), el hallazgo de sellos con el membrete de Pdvsa en posesión del capitán del buque Río Caroní “que avala y certifica los volúmenes de despacho que fueron embarcados en el buque, dejando por sentado en acta la ausencia del inspector asignado por Pdvsa”, o las denuncias contra la empresa Sarleaf Limited, que integró una escalera de subcontrataciones  para construir el desarrollo habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela Colinas de San Francisco de Yare.

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El caso de Sarleaf Limited en Venezuela: una merienda de contratos millonarios con no pocos comensales

La ejecución de la obra de construcción de Misión Vivienda le fue asignada primeramente a una empresa italiana llamada Energy Coal, SPA, a cambio de una operación de acarreo de coque. Incapaz de desarrollar el proyecto, sub contrató a Sarleaf Limited, la firma constituida en territorio británico por el abogado Néstor Marcelo Ramos.

Según su expediente en los registros británicos, no acusó actividad comercial alguna, hasta que pacta su entrada en Venezuela y según los recientes testimonios de los acusados en el caso de la ruta del dinero K, fue usada para desviar el dinero que se obtuvo de la operación especulativa de compra-venta de bonos de la deuda pública argentina por parte de Venezuela. Sarleaf Limited, que fue constituida sólo en papel en 2007 con un capital inicial de apenas 1000 libras esterlinas (unos 1300 dólares estadounidenses), sub contrató a su vez a la firma venezolana Inversiones Alfamaq C.A, apenas tres días después de la fecha en la que firmó el acuerdo con Energy Coal SPA, el 8 de octubre de 2012, reconociéndose incapaz de ejecutar la obra.

Steeleaf Trading International Limited, la empresa británica que operó en Venezuela y está señalada en la ruta de dinero K

“La empresa (Sarleaf Limited) establece como premisas que no cuenta con capacidad y experiencia para ejecutar obras de urbanismo”, reza el informe. Es así como esta empresa pasó de cero actividad comercial a un capital de 6,5 millones de dólares en el año 2013.

La obra no se ejecutó en ese período. El 10 de marzo de 2014, Pdvsa cerró el contrato identificado con el N° 4600044463 suscrito con Energy Coal SPA por el cual el Estado venezolano ya había pagado más de 64 millones de dólares “por el suministro de 74 estructuras metálicas para edificios”, refiere el expediente.

En contrato que refleja los presupuestos y las irregulares subcontrataciones denunciado por el Cuerpo de Inspectores Socialistas. Cortesía: Alek Boyd
Otra muestra del contrato que refleja los presupuestos y las irregulares subcontrataciones denunciado por el Cuerpo de Inspectores Socialistas. Cortesía: Alek Boyd

En la secuencia de subcontrataciones que se dio para la construcción de estas viviendas en territorio de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pdvsa suscribió luego un nuevo contrato directamente con Sarleaf Limited para ejecutar el proyecto habitacional, sacando del negocio a Energy Coal SPA. Es el contrato N°4600056910. Nuevamente Sarleaf Limited subcontrata a Inversiones Alfamaq, C.A y es entonces cuando por fin se lleva a cabo la obra de la Gran Misión Vivienda.

El periodista argentino Andrés Ballesteros publicó en su blog detalles sobre la naturaleza de las estructuras utilizadas para la construcción de esta obra y cuál fue la empresa favorecida para la adquisición del material.

“Son los famosos paneles que en nuestro país (Argentina) utilizaron las empresas vinculadas a Sergio Schoklender para trabajar con las viviendas que estuvieron bajo la administración de la fundación Madres de Plaza de Mayo, que dirige Hebe de Bonafini”, la misma que ha expresado no en pocas ocasiones su lealtad a Fidel Castro y Hugo Chávez.

Hebe de Bonafini también hace su “aporte” a la trama corrupta desde el alto poder pero con consecuencias. La otrora presidenta de Madres de Plaza de Mayo fue acusada por desviar unos 13 millones de dólares que recibió para la construcción de viviendas sociales. Con ella también cayó su apoderado Sergio Schoklender, cuyas empresas también fueron favorecidas en los negocios de construcción de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Hebe de Bonafini con el fallecido presidente Hugo Chávez. Cortesía: Diario La Voz de Argentina

La historia detrás de este apellido, la recuerda el diario español El País. “Sergio y su hermano Pablo Schoklender estuvieron 14 años presos por asesinar a sus padres en 1981. Tras cumplir su condena, Sergio Schoklender se convirtió en apoderado de las Madres, bajo el ala protectora de Bonafini. La relación se cortó abruptamente cuando la titular de Madres endilgó todos los cargos de malversación en la construcción de viviendas a su ex apoderado”.

Sarleaf, la ruta del dinero K y el testaferro de Lázaro Báez

Aun cuando en Venezuela no existe investigación alguna sobre las denuncias hechas por este Cuerpo de Inspectores que le reportan directamente a las máximas autoridades del país, sí es materia judicial en Argentina y Estados Unidos la conexión de Sarleaf Limited (ahora conocida Steeleaf Trading International Limited) con el abogado Néstor Marcelo Ramos que a decir del fiscal argentino, José María Campagnoli, es el “enigmático testaferro de Lázaro Báez”, el empresario kirchnerista a quien la justicia argentina acaba de congelar tres millones de euros que se encontraban en una cuenta secreta en el CBH Bank Compagnie Bancaire Helvétique, en Bahamas, una entidad vinculada a empresarios y funcionarios chavistas propiedad de Charles Henry de Beaumont.

El allanamiento a las propiedades de Lázaro Báez, el empresario-socio de la pareja Kirchner. Video cortesía: Infobae

El abogado Néstor Marcelo Ramos es descrito por el periodista Juan Gasparini en su libro “Las Bóvedas Suizas del Kirchnerismo” como el más importante operador financiero de Lázaro Báez, quien permanece tras las rejas desde abril de 2016 por el delito de lavado de dinero. Los contratos de obras públicas por medio de los cuales se convirtió en un potentado millonario los habría obtenido durante los mandatos de la pareja Kirchner.

Sin embargo, la expresidenta Kirchner niega los vínculos, pero las investigaciones la sitúan como socia en negocios y propiedades, muchos de estos manejados hábilmente por Néstor Marcelo Ramos, por mandato de Lázaro Báez. Es así como Ramos cuyo último domicilio conocido le ubica en un cantón de habla italiana en Suiza sigue libre a pesar de un pedido de búsqueda y captura por parte de las autoridades argentinas tras la difusión de un video en 2016 en el que se ve al hijo de Báez y sus colaboradores contabilizando millones de dólares.

La financiera SGI Argentina S.A es la sede donde se contaba el dinero sucio. Esta empresa dijo a la Fiscalía argentina que operó en Venezuela por medio de la compañía venezolana Alfamaq, C.A. Video: Cortesía Martín Aon.

El alcance de Sarleaf Limited y “La Rosadita”

Néstor Ramos tendría una madeja de empresas a su cargo. Serían unas 23 sociedades y cientos de conexiones que van desde América Latina hasta la lejana Nueva Zelanda. Y en ese grupo está Sarleaf Limited, empresa en la cual Ramos fue director desde noviembre de 2011 hasta junio de 2013, época en la que se insertó en los negocios con la estatal petrolera venezolana Pdvsa durante la gestión de Pedro León al frente de la Dirección Ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Si se pretende dar con los registros de esta sociedad en Inglaterra, sólo será posible hallarle bajo una nueva identidad jurídica, Steeleaf Trading International Limited, modificación hecha en abril de 2015, el mismo mes en que el cuerpo de inspectores socialistas realizó la fiscalización a las operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Steeleaf Trading International Limited (antes Sarleaf) operó en Venezuela por intermedio de la compañía venezolana Inversiones Alfamaq, C.A la responsable de la ejecución de los edificios de la Gran Misión Vivienda Colinas de San Francisco de Yare y numerosas obras a escala nacional. Como resultado de este vínculo, el nombre Alfamaq, C.A aparece en el expediente judicial del caso contra los imputados en “la ruta del dinero K”.

Las razones de su mención en este expediente se deben a que el Banco Columbia S.A de Argentina, habría solicitado a la firma SGI Argentina S.A, una explicación para una serie de transacciones financieras que generaron un “Reporte de Operación Sospechosa”. El 96% de las acciones de SGI Argentina S.A – o “La Rosadita” como se le conoce por sus supuestos vínculos con los antiguos huéspedes de la casa Rosada Néstor y Cristina Kirchner-, pertenecen a Helvetic Service Group.

El grupo justificó los movimientos financieros aludiendo a inversiones en diversos países por intermedio de otras sociedades, para aclarar la sospecha de la entidad financiera. Es entonces cuando SGI Argentina S.A, declara que sus negocios en Venezuela fueron hechos por intermedio de Inversiones Alfamaq C.A. Este hecho se reseña en la página 84 del expediente de la Fiscalía argentina en el cual se solicita a la corte convocar a los imputados (entre ellos Néstor Martín Ramos) a rendir declaración indagatoria sobre las pruebas recogidas en el documento.

Documento de la Fiscalía argentina donde se menciona a la empresa Alfamaq, S.A. Exclusiva: The Digger

Inversiones Alfamaq C.A. es una empresa venezolana que reparte su capital accionario entre miembros de la familia Ceballos. Allí está Alejandro Ceballos potentado millonario venezolano ligado a la hípica y residenciado en el estado de Florida. Ceballos  se le conoce además por sus vínculos con Alejandro Betancourt uno de los llamados “bolichicos” pertenecientes a la empresa Derwick Associates, la cual ha sido señalada de estafar al menos un billón de dólares sólo en un contrato de venta de plantas eléctricas chatarra en el marco de la emergencia económica decretada por el fallecido presidente Hugo Chávez, según recoge el informe 2016 de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

A raíz del reportaje realizado por The Digger en 2017, la empresa Alfamaq C.A solicitó un derecho a réplica. Durante el encuentro la vicepresidenta de la sociedad, Maura Ceballos insistió en que Alfamaq sí cumplió con el contrato de construcción de las viviendas del Complejo San Francisco de Yare. También reconoció haber trabajado con Derwick Associates y defendió sus intereses, pero negó lo dicho en el informe de los Inspectores Socialistas.

“Inversiones Alfamaq, C.A, fue contratada por Derwick Associates para realizar las obras civiles para la instalación de unas  plantas eléctricas y puedo decir que esas plantas estaba en perfecto estado”, dijo Ceballos.

The Digger aprovechó la ocasión para indagar las condiciones de la subcontratación que esta empresa acordó con Sarleaf Limited Company ya que, “esta figura puede ser empleada para cometer fraudes, por ejemplo, cuando la subcontratación es una cesión encubierta del contrato. Esto es, cuando el contratista, celebrando un sub-contrato, en realidad, está cediendo todo el contrato a un tercero” tal y como explicó el experto en materia de Derecho Administrativo José Ignacio Hernández a este medio. Ceballos aseguró que “sólo fue una parte del contrato la que fue cedida por Sarleaf”.

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Helvetic Service Group, la madre de todas, también en Panamá Papers

Se desconoce la forma como Sarleaf Limited llegó a ganar presencia en las operaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco. Lo que sí se sabe es que la misma es parte de una constelación de empresas todas agrupadas en ese gran holding llamado Helvetic Service Group, famoso por sus presuntos vínculos en casos de corrupción, que se sepa por ahora, en España, EEUU y Argentina y cuyo director también es Néstor Marcelo Ramos.

Néstor Marcelo Ramos, en reseña del portal suizo Handelszeitung

La empresa Sarleaf Limited tiene un historial muy turbio que se extiende incluso al continente europeo. Se le relaciona con otro escándalo de dineros mal habidos por parte del Partido Popular de España.

Lo de esta sociedad no es tontería. Según las acusaciones que cursan en contra de Lázaro Báez, este habría lavado al menos 65 millones de dólares mediante la adquisición de bonos de la República Argentina entre 2012 y 2013. El dinero provino de los fondos de Helvetic Service Group, bajo la dirección de Néstor Ramos, quien además cuenta con unas 200 firmas registradas con la anuencia del bufete de abogados panameño Mossack & Fonseca, información que fue filtrada por medio de los llamados Panamá Papers.

El portal Infobae recogió en 2014 la “arquitectura financiera” que el fiscal José María Campagnoli reconstruyó para desentrañar de las profundas capas de sociedades fantasmas todos los negocios producto de presuntos actos de corrupción. Helvetic Service Group estaría vinculada a 123 empresas que servirían para la “ruta del dinero”.

Una sociedad llamada NML fue la impulsora de esta investigación criminal al solicitar a un juez del estado de Nevada en EEUU su apertura y formalizar un reclamo ante el Gobierno argentino por impagos de más de 1700 millones de dólares en bonos. “La presentación que hizo el fondo ante el juez Cam Ferenbach demostró que existen vínculos entre Helvetic y Aldyne Ldt., una empresa radicada en las Islas Seychelles, un paraíso fiscal del océano Índico. Aldyne Ldt., a su vez, comparte domicilio con el estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca, que representa a las sociedades mencionadas”, dice el reporte de este medio digital.

“El magistrado de Las Vegas consideró que la prueba era suficiente como para avanzar en una investigación. Por eso exhortó a Mossack & Fonseca a brindar la información sobre los bienes y activos de esas firmas. La razón de por qué esas empresas tienen un potencial embargable se funda en la sospecha de que serían utilizadas por un “sórdido trío” (así lo definió el juez) que componen Báez, la presidente Cristina Kirchner y su difunto esposo, Néstor Kirchner”.

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