Los hay malos y peores: las sanciones de EEUU a individuos y entidades en Venezuela (+Lista)

A raíz de la actuación del régimen chavista durante las manifestaciones antigubernamentales que inundaron el país en 2014, Estados Unidos constituyó un nuevo programa de sanciones contra los funcionarios que actuaron durante estas protestas e impuso bloqueos a propiedades y bienes a aquellos que pasaron a integrar la nada honrosa lista. Sin embargo, no todos son lo mismo. Ciudadanos y entidades con vínculos con el narcotráfico internacional, terrorismo o corrupción, según las investigaciones de las autoridades estadounidenses también han sido sujetos a sanciones. Conozca cómo se clasifica la conocida lista Ofac y quiénes son los venezolanos y las entidades que la integran

Por: Fiorella Perfetto

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida por sus siglas como Ofac, es el órgano contralor perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que se encarga de administrar e imponer los programas de sanciones económicas, principalmente contra países y grupos de personas, entre los que se encuentran por ejemplo, terroristas, narcotraficantes o violadores de derechos humanos y civiles. Las sanciones pueden ser integrales (para todo un país, como el caso de Cuba) o selectivas (a personas y empresas en particular, como el caso de Venezuela) y utilizan el bloqueo de activos y las restricciones comerciales para cumplir con la política exterior y los objetivos de seguridad nacional.

Es la definición que desde el organismo se ofrece a la audiencia que decide internarse en un complejo listado de nombres y programas diversos que refieren tanto a países como a denominaciones de delitos. Así, por ejemplo existen 29 listas activas de “programas de sanciones”, entre los que se encuentran, por ejemplo, las secciones de Irán, Cuba, Siria, el programa de sanciones contra el narcotráfico, contraterrorismo o cibercrimen y por supuesto, Venezuela. De algunas de estas listas también se derivan programas de sanciones más específicos.

Listas activas de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Cada programa tiene sus propias características y son presididas por la publicación en el Registro Federal del articulado que define la forma cómo las sanciones serán aplicadas, las razones de estas y todas las actualizaciones — inclusiones de nuevos individuos o entes — que pasen a engrosar estos registros.

Lee también: Nuevas sanciones para Venezuela, la testaferro, atrapada en la guerra Irán — Estados Unidos

Hablemos de sanciones para los malos y peores en Venezuela

El 18 de diciembre de 2014, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Ley por la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, a raíz de las violaciones a estos principios cometidos por el régimen chavista durante las protestas que en su contra se dieron en el país durante ese año.

“La Ley permite que el Presidente pueda imponer sanciones específicas a ciertos individuos que él determine como responsables de cometer actos significativos de violencia o graves abusos a los derechos humanos contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela y haber ordenado o dirigido el arresto o enjuiciamiento de personas en Venezuela que ejercían su legítimo derecho a la libertad de expresión”, dice la Gaceta del Registro Federal N°39683 del 10 de julio de 2015.

Así se formalizó la Orden Ejecutiva que dio luz verde a la aplicación de sanciones a funcionarios chavistas violadores de Derechos Humanos, ciudadanos y empresas vinculadas a hechos de corrupción, narcotráfico y terrorismo

La orden “que se hará efectiva a partir de las 12:01 am del día 9 de marzo de 2015” incluyó a siete debutantes, los primeros siete sancionados por este programa: Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padrón, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez y Miguel Alcides Vivas Landino, todos considerados violadores de los derechos humanos y civiles de los venezolanos.

“Estados Unidos de América, ordena que como consecuencia de la erosión de los derechos humanos, la ausencia de garantías constitucionales, la persecución política, el ataque a la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones de derechos humanos en la respuesta a las manifestaciones antigubernamentales por medio de arrestos y detenciones arbitrarias de manifestantes, así como la exacerbación de la corrupción que constituyen una extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, declarar la emergencia nacional para tratar con esta amenaza y además se ordena el bloqueo de cualquier bien o interés de las personas mencionadas en territorio estadounidense.

“Estos bienes no podrán ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera”. Pero además, el decreto advierte que la medida puede alcanzar a cualquier persona que determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado.

Según la clasificación de las listas de la Ofac, existen dos categorías principales: “SDN” y “No-SDN”. Todos los individuos sancionados e intereses manejados por estos entran dentro de la categoría denominada “Specially Designated National” o “Nacionales Especialmente Designados” (SDN). Esta categoría luego tendrá algunas subdivisiones según la razón por la cual se generó la sanción. La lista llamada “Non-SDN” tiene otras características, principalmente se incluyen en ellas a individuos o entidades evasores de sanciones, por ejemplo, que serían sujetos a otros tipos de penalidad.

Dentro de esta última categoría (Non-SDN), existen otras listas muy específicas además de el registro de evasores de sanciones extranjeras, como la de personas identificadas como bloqueadas únicamente por la orden ejecutiva N°13599 (que corresponden a sanciones a Rusia), la lista de sanciones especiales a Irán, llamada “lista 561” (relacionada a instituciones financieras extranjeras que hayan operado con el gobierno de Irán), otra que se identifica como lista de sanciones sectoriales (vinculada al programa de sanciones contra Rusia) y finalmente la lista del Consejo Legislativo Palestino (relativa al programa de sanciones a organizaciones de terrorismo internacional, lista de la cual se desprenden otras categorías).

Es así como un individuo o entidad puede entonces aparecer en más de una lista, esto según la particularidad de su caso y las razones por las cuales fue incluido en un programa determinado.

En el caso de los sancionados con nexos en Venezuela, no solo aparecen aquellos que por sus actuaciones fueron considerados violadores de los derechos humanos, en el caso de los funcionarios chavistas nombrados anteriormente, sino que también están aquellos individuos o empresas que fueron incluidos en el programa de Venezuela por hechos de corrupción, blanqueo de capitales, sus vínculos con narcotráfico o terrorismo internacional.

En la lista “SDN” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros fueron incluidos — hasta ahora — un total de 108 individuos algunos de ellos extranjeros pero con intereses en Venezuela — y empresas también con intereses en la nación suramericana. Dentro de esta larga lista los sancionados pueden pertenecer a distintos programas, como se observa en el cuadro siguiente.

La lista de individuos y empresas o entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Esta recopilación recoge todos aquellos que fueron incluidos en la lista “SDN” y el programa por el cual han sido sancionados. Se muestra, por ejemplo, a la empresa Irán Marine Industrial Company, Sadra, que fue incluida en distintos programas: IFSR- IRGC (sanciones a Irán), NPWMD (proliferación de armas de destrucción masiva) y SDGT (terrorismo global). La base de datos permite, si se desea, obtener más datos. Por ejemplo, esta empresa aparece al realizar la búsqueda relativa a Venezuela ya que mantuvo operaciones en este país y registró como dirección el Centro Comercial Lido, oficina E-43, Torre E- Piso 4 en Caracas.

Lea también: El hambre es “general”: aparato productivo en picada tras imposición de la “bota”

Luego aparecen tres nombres — un individuo y dos entidades — también incluidos en el programa de sanciones correspondiente a crímenes de terrorismo global: Fawzi Mustafa Kanan, Biblos Travel Agency y Hilal Travel Agency. Se trata de programas que contemplan crímenes transnacionales y aparecen en la búsqueda relativa a Venezuela ya que estos tenían intereses en Venezuela (bien sea nacionalidad o bienes en el país)

Uno de los sancionados por el programa de terrorismo internacional tenía pasaporte venezolano y una dirección en Caracas, Venezuela

En la recopilación le siguen los individuos y entidades incluidos en un programa identificado como SDNTK que corresponden a los sancionados por ser los cabecillas o intereses importantes, en el caso de empresas, vinculados al narcotráfico internacional o “Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations”, según su terminología en inglés.

Esta lista contiene desde los más pintados del narcotráfico internacional que tienen o tuvieron alguna conexión con Venezuela, así como ciudadanos y entidades nacionales.

En la lista figura por ejemplo, Rodrigo Granda, conocido como el “canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)”; también aparece el nombre de los Rastrojos, una de las organizaciones narcoparamilitares más poderosas de Colombia; Hermágoras Polanco, el hombre fuerte del cartel de La Guajira, entre otros operadores del narcotráfico internacional. Los registros de todos ellos mencionan direcciones y referencias dentro de Venezuela.

A estos les acompañan ciudadanos y empresas venezolanas: el capo de la droga, Walid Makled, Hugo Carvajal Barrios, ex director de la Dirección de Contrainteligencia Militar (cuya inserción en la lista de sanciones data del 2008 por su presunta vinculación con el Cartel del Norte del Valle, según se lee en la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos), Henry Rangel Silva, actual gobernador de Trujillo, Ramón Rodríguez Chacín, ex gobernador de Guárico, entre otros.

Más recientemente fueron incluidos en esta lista a Tareck El Aissami, ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela y en la actualidad vicepresidente del Área Económica, Samark López, supuesto testaferro de El Aissami y numerosas empresas asociadas a estos, en la larga lista de sancionados para el programa relativo a las regulaciones sancionatorias por narcotráfico internacional. Freddy Bernal, funcionario chavista que ha ocupado numerosos cargos en la administración roja y actualmente coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), figura tanto en este programa, como el programa de Venezuela, por sus actuaciones violatorias de los derechos humanos y civiles.

Más adelante aparece el nombre de Barakat asociado al programa TCO, sobre regulaciones sancionatorias a organizaciones de crimen organizado transnacional, con áreas de influencia en al menos 10 países, incluida Venezuela.

Lee también: Construcción de viviendas en Venezuela sirvió a Irán para evadir sanciones de EEUU

A partir de aquí están los individuos que han sido sancionados como parte del programa de Venezuela, tal y como se explicó antes, vinculados a la comisión de actos violatorios de los derechos humanos y civiles pero también a hechos de corrupción, por lo cual sus intereses — bienes o cuentas bancarias — en Estados Unidos han sido congelados. La nada honrosa lista incluye al presidente Nicolás Maduro, funcionarios de alto rango del régimen chavista, militares y supuestos testaferros vinculados a estos.

Todos los sancionados que se relacionan a Venezuela pertenecen a la lista SDN. Solo la empresa Petropars, LTD, (la misma que junto a la Corporación Venezolana de Petróleo se unieron para constituir una empresa mixta en Venezuela llamada Venirog, con la venia del fallecido presidente Hugo Chávez en el marco de la asociación estratégica entre Irán y la nación suramericana), figura en la lista de sancionados “No-SDN”, con implicaciones más complejas debido a las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump, que habría decidido retomar las sanciones contra este país en mayo pasado.

Todas estas sanciones, como se observa, son aplicadas a individuos y empresas en particular, pero más recientemente el Gobierno de Venezuela ha sido sujeto de sanciones a entidades públicas contempladas dentro del articulado del programa de sanciones de Venezuela. Es allí donde, entre otras, la estatal petrolera venezolana, Pdvsa, fue motivo de una nueva Orden Ejecutiva que amplió el alcance de aquella emitida en 2014, por lo cual cualquiera que tenga nexos comerciales o financieros con el país, a excepción de aquellos proveedores de alimentos, medicinas y necesidades básicas para la población venezolana, podrán ser sujetos a medidas sancionatorias por parte de Estados Unidos.

Lea también: ¿Cómo lo hacen? Así operan las redes de lavado de dinero

El nuevo instrumento, emitido el 29 de agosto de 2017, por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena “tomar medidas adicionales en función de preservar la seguridad nacional” de ese país.

“Presidente de los Estados Unidos de América, con el fin de tomar medidas adicionales respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, y particularmente a la luz de las recientes acciones y políticas del gobierno de Venezuela, incluyendo serios abusos a los derechos humanos y libertades fundamentales; responsabilidad por el profundización de la crisis humanitaria en Venezuela; establecimiento de un ilegítima Asamblea Constituyente, que ha usurpado el poder de los democráticamente elegidas Asamblea Nacional y otras ramas del Gobierno de Venezuela;
corrupción pública rampante y continua represión, persecución y violencia hacia la oposición política, ordena: prohibir todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otros tratos con personas o entidades los Estados Unidos de una nueva deuda con vencimiento superior a 90 días de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), contraer bonos con el Gobierno de Venezuela (…)”.

Fragmento de la Orden Ejecutiva emitida por el presidente Trump en contra del Gobierno de Venezuela

Nadie, a excepción de las autoridades estadounidenses puede conocer cuándo y quiénes podrían engrosar estas listas y quiénes podrían estar siendo en estos momentos sujetos de interés al alguna investigación federal. Sin embargo, es de esperar que los anuncios sobre inclusiones de nuevos individuos y entidades continúen, dada la magnitud de las redes de corrupción exportadas desde Venezuela hacia el mundo, la mayoría originadas desde las entrañas de Pdvsa, pero también por las continuas y cada vez más graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.