Esta es la “máquina de delitos electorales” a la que se enfrentan los venezolanos al votar

Sobre el ejercicio del sufragio en Venezuela pesa hoy una estructura que aplasta las tres condiciones básicas para que este acto pueda considerarse auténticamente democrático: la imparcialidad del órgano rector, la transparencia del proceso electoral y la confianza en el secreto del voto. Cada uno de estos pilares en los que descansa el sistema electoral venezolano, sucumbió por el peso de un complejo andamiaje que cobró vida tras la sumisión de los poderes al control del Estado y que hoy se erige como una organización para perpetrar delitos electorales, la violación sistemática de los derechos humanos y lograr así la permanencia del actual régimen en el poder. Se desmonta aquí los elementos que enfrentan los venezolanos al votar, esos que usa el Gobierno para consolidar el apartheid político en el país y atornillarse en el poder.

Por: Fiorella Perfetto

Los resultados del proceso electoral del pasado 15 de octubre son la expresión de una combinación de factores, una “tormenta perfecta” para asegurar “victorias” al oficialismo. Sólo comparable con un acto heroico, la coalición democrática decidió acudir a las urnas, el escenario natural de la confrontación republicana, allí donde los venezolanos dirimen sus diferencias políticas.

“Es un acto criminal, lo ocurrido en Bolívar (…) Como delincuentes, entre gallos y medianoche proclamaron al general Justo Noguera”, dijo Andrés Velásquez, candidato a la gobernación en ese estado por la causa opositora, quien explicó cómo funcionarios del ente electoral intervinieron las actas de escrutinio para torcer la voluntad de los bolivarenses.

Velásquez apunta — pruebas en mano — al sistema electoral como el responsable de cometer estos “actos criminales” que, por medio de la comisión de delitos electorales busca vencer cualquier opción alternativa al régimen en el poder. El concepto manejado por el candidato de la Unidad traslada a la imagen de una organización criminal que no es otra cosa que “un grupo estructurado de dos o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves”. ¿El resultado? La sistemática violación de los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los estatutos internacionales.

Estas violaciones a las normas y a los derechos fundamentales de los venezolanos comenzaron mucho antes del último proceso electoral y con el paso del tiempo se han “perfeccionado”, al punto de que sería una quimera auditar tal estructura. Su origen remite al año 1999, una vez se inicia el proceso constituyente que activó la aniquilación del principio de separación de poderes y con ello la subordinación de todo el aparato público a los designios del titular del Poder Ejecutivo, y en esa cuenta se incluye el Poder Electoral, en detrimento de las garantías y libertades ciudadanas de los venezolanos.

Tan necesario fue aniquilar la separación de poderes que aún una década y ocho procesos electorales después — incluidos tres referendos — el fallecido presidente Hugo Chávez publicó el 13 de diciembre de 2009 un escrito llamado “Del Mercosur al Alba” en el que animaba a liberar “del lastre de su división” a los poderes del Estado, “consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar más temprano que tarde (…) Debe llegar el día en que la voz del pueblo pueda decir con plena certeza: ¡Ahora sí tenemos Estado!”.

Militares militantes, al servicio de una parcialidad política

Una de las irregularidades que tomó forma muy temprano es, a decir de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la “partidización de la FAN y la ausencia de control democrático sobre estas, que pasaron a ser el cuerpo armado de la revolución”.

El nuevo texto constitucional de 1999, contempló entre sus cambios la extensión del período presidencial de cinco a seis años con reelección inmediata, reestructuró los poderes públicos y permitió a los militares activos ejercer el derecho al voto, uno de los elementos por medio del cual se dio el “salto” hacia lo que Chávez calificó como la integración “pueblo — ejército”. Aun cuando la Carta Magna en sus artículos 328 y 330 prohíbe la militancia política, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dio luz verde en junio de 2014 para que estos participaran en actos políticos.

Es, en todo caso una política de Estado, sin atención a la Constitución o a las leyes. Nada más recordar al ministro de la Defensa, almirante Diego Molero, jurar sobre los restos del fallecido presidente Chávez que “le daremos en la madre a los fascistas”, en referencia a la oposición y a las elecciones que se llevarían a cabo para elegir un nuevo mandatario. Es la misma FAN que, por medio del Plan República, debe primero “resguardar” el orden y la seguridad durante los procesos comiciales, pero también es a ellos a quienes se les entrega el material electoral para su custodia, una vez finalizada la jornada en los centros de votación.

Sin embargo, centenares de casos de ataques de grupos ilegales armados para amedrentar a los ciudadanos apostados en sus centros electorales han sido denunciados sin que por ello haya existido la intervención oportuna del Plan República y menos una sanción por parte del Estado, tanto para los irregulares — algunos plenamente identificados con el oficialismo — como para los castrenses que incumplieron el mandato constitucional.

En el marco del acuerdo suscrito el 29 de mayo de 2003 entre la extinta Coordinadora Democrática y el Gobierno para hacer posible una solución electoral a la crisis política de ese entonces. Para la época, ya los venezolanos cargaban sobre sí el peso del “carácter deliberante de las FAN y su tutela sobre el mundo civil, la ausencia de separación y de equilibrio entre los poderes públicos junto a su cooptación, la falta de independencia del Poder Judicial y las violaciones reiteradas a la libertad de expresión y de prensa”, como citó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en referencia a los factores perturbadores existentes en el país para aquella época, todos, con clara incidencia en los subsiguientes procesos electorales.

Rectores oficialistas al mando de la “maquinaria de delitos electorales”

Los ardides jurídicos, piezas fundamentales para torcer el debido proceso en el país, sirvieron desde muy temprano para que el régimen tomara control del órgano electoral por medio de la designación de un cuerpo directivo de mayoría oficialista en franca violación al artículo 296 de la Constitución, según el cual “El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos (…)”.

De igual manera, la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lopre), vigente desde 2002, señala en su artículo número ocho que “El Consejo Nacional Electoral está integrado por cinco miembros, denominados rectoras o rectores electorales, cuyo período de ejercicio en sus funciones es de siete años. Son designadas o designados por la Asamblea Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes (…)”

Pero ni lo uno ni lo otro. El proceso comicial del pasado 15 de octubre fue dirigido por caras conocidas, de mayoría oficialista y militantes del partido de gobierno. El hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), siguiendo los lineamientos del Poder Ejecutivo castrara a la recién elegida Asamblea Nacional — de mayoría opositora — por una supuesta condición de desacato, le convirtió en el todopoderoso órgano decisor de la regencia del Poder Electoral.

Así, Tania D’ Amelio Cardiet y Socorro Elizabeth Hernández Hernández — quienes borraron sus registros como militantes oficialistas momentos antes de sus designaciones — acompañaron a Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Oblitas Ruzza y el único representante de los sectores de oposición Luis Emilio Rondón González en la rectoría del organismo electoral.

El proselitismo de la presidenta del Poder Electoral venezolano.

El uso de recursos del Estado en campañas electorales

Reza el artículo 67 de la Constitución que “todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección (…) No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado”.

Este ilícito electoral que otorga un claro ventajismo al candidato de gobierno, además de tratarse de un delito de corrupción, no es nuevo. Sin embargo, su práctica escaló desde las denuncias de uso de medios del Estado — como vehículos para la colocación de vallas, autobuses para el traslado de simpatizantes o la repartición de bolsas de comida de los Clap, hasta la reciente alocución del mandatario nacional Nicolás Maduro, en la cual anunció al país, sin pudor alguno, la entrega de más de 940.000 millones de bolívares a nueve candidatos afectos al gobierno, un delito que además quiebra el principio de equidad en las condiciones de competencia de los candidatos en una contienda electoral.

La ONG Transparencia Venezuela recogió esta irregularidad en un comunicado en el que alerta que los candidatos del PSUV utilizan fondos del Estado “para desplegar sus actividades proselitistas, lo que atenta contra la Constitución y el equilibrio que debería regir en una contienda de este tipo”.

Sólo en 2015, esta institución elevó a los organismos competentes 400 denuncias en las cuales se incluyen este tipo de delitos. Ninguna recibió respuesta “a pesar de haber sido ratificadas y de haberse ejercido oportuno recurso de reconsideración. Actualmente las denuncias se encuentran en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”, apunta el comunicado.

Ocurrió además que no todos los candidatos oficialistas cumplieron con el artículo 57 de la Lopre, el cual obliga a quien ejerza algún cargo público a separarse del mismo a partir del momento en el que se inicie la campaña electoral. Refiere el portal Efecto Cocuyo en una nota sobre el tema que sólo el candidato Argenis Chávez habría cumplido con la ley al separarse de su cargo como mandatario regional en Barinas.

Medios públicos abocados al Gobierno más no al Estado: la hegemonía comunicacional

Este delito, que se vincula directamente al uso de los recursos del Estado a favor de una de las tendencias en campaña electoral, tuvo gran repercusión en la opinión pública durante el proceso del año 2000, cuando se legitimaron los cargos de elección popular tras el proceso constituyente. Todos los medios de comunicación del Estado hicieron causa común en la difusión de propaganda electoral a favor de los candidatos del oficialismo durante la campaña electoral de las llamadas “mega-elecciones”, pero también ha sido motivo de denuncia en cada proceso electoral realizado durante el régimen chavista.

La normativa contemplada, en el artículo 213 de la Lopre, el equilibrio en la presencia de la oferta electoral en todos los medios de comunicación social del país. “Los medios de comunicación social públicos y privados darán una cobertura informativa completa y balanceada de las informaciones relacionadas y sin tergiversar la realidad de la campaña. A tal efecto, observarán un riguroso equilibrio en cuanto al tiempo y espacio dedicado a las informaciones relativas a las actividades desarrolladas por las candidatas o candidatos”.

Lejos de existir algún tipo de sanción con relación a esta irregularidad, el Gobierno optó por hacer uso de los medios públicos, incluso durante el mismo día del proceso comicial del pasado 15 de octubre. “Tiene al aire distintos mensajes a favor de los candidatos oficialistas y en contra de los candidatos opositores. La campaña terminó y sigue la utilización indebida, abusiva e ilegal de los medios de comunicación social. Paren y den la orden de parar esos mensajes. Pongan orden no permitan que esto se desborden por culpa de su inacción”, denunció en horas de la mañana de ese día el jefe del comando de campaña de la MUD, Gerardo Blyde.

Inhabilitación de candidatos

Se trata de otra arma usada por el régimen en funciones para propiciar el apartheid político y desestimular las posibilidades de participación política. Poco antes de las elecciones de noviembre de 2008, el contralor general de la república, Clodosbaldo Russián, emitió una lista con 371 ciudadanos que serían inhabilitados para ejercer algún cargo público.

Estas inhabilitaciones tuvieron su asidero jurídico en el controversial artículo 109 de la Ley Orgánica de la Contraloría, rechazado por sectores de la oposición por considerar que contraviene la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Es una lista que elaboró para someter a 371 ciudadanos a una nueva manifestación de apartheid político (…) contemplado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como un delito de lesa humanidad en su manifestación estrictamente racista”, denunció en esa ocasión el abogado constitucionalista Adolfo Taylhardat.

“Esa medida no persigue otro fin que impedir a una serie de personalidades políticas, algunos de ellos con excelentes posibilidades, se presenten como candidatos en las elecciones regionales que tendrán lugar en noviembre próximo”, completó.

La medida tuvo eco en el ámbito internacional por su incidencia en la violación de los derechos humanos por lo que se gestaron sanciones al régimen chavista. “Valiéndose de una medida administrativa el contralor pretende, en abierta violación de la Constitución Nacional, privar a esos ciudadanos de uno de los más sagrados derechos civiles consagrados en la propia Constitución, en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

En aquel entonces, al menos tres exgobernadores formaron parte de esta lista: Eduardo Manuitt, Arnaldo Arocha y Bernabé Gutiérrez, de Guárico, Miranda y Amazonas, respectivamente.

El Gobierno también echó mano de la inhabilitación política de candidatos de la oposición para el proceso comicial del 15 de octubre. En los meses previos a las elecciones regionales, la Contraloría General de la República inhabilitó a 10 representantes políticos de la oposición. Adriana D’Elia, Germán Ferrer y Luis Lippa, los alcaldes Ramón Muchacho, Alfredo Ramos, Carlos García Odón, Gustavo Marcano y David Smolansky y los gobernadores Henrique Capriles y Liborio Guarulla. La extensa lista incluye a otros líderes políticos sacados de juego en años anteriores, como Leopoldo López, la diputada María Corina Machado, Enrique Mendoza y Antonio Ledezma, entre otros.

Le puede interesar: “Cuentos, mentiras y videos: manipulación y desinformación como política de Estado

Usurpación de identidad del elector

El cuaderno de votación es una de las herramientas claves para la verificación de las identidades de los electores y que no existan imposturas en los procesos comiciales. Sin embargo, no en pocas oportunidades el CNE ha negado las solicitudes de auditoría o revisión de los mismos en la etapa post comicial. Así, desde los primeros procesos electorales, las denuncias sobre usurpación de identidad y registros de personas fallecidas ejerciendo el voto proliferan sin control.

Recuerda el periodista Eugenio Martínez, en una nota publicada en El Universal, lo ocurrido durante la elección presidencial del 7 de octubre de 2012, en la cual “se pudo identificar el voto de fallecidos en 17 entidades. No obstante, si no se realiza una revisión exhaustiva de los cuadernos de votación resulta imposible asegurar -o negar- que en el resto de las entidades no se produjera usurpación de identidad o que esta práctica se limitara solo a los casos antes descritos”.

Durante una transmisión televisiva en la que el dirigente oficialista y exrector del CNE, Jorge Rodríguez, explicaba las razones por las cuales el sistema electoral venezolano “es el más seguro del mundo”, quedó claro que la máquina de votación se activa así no coincida la identidad del elector con el registro de su huella dactilar, irregularidad de la cual se desconoce su verdadera dimensión e incidencia en los procesos electorales, dada la inexistencia de auditorías post comiciales para los cuadernos electorales para verificar la no presencia de votos de electores fallecidos o duplicidad de huellas dactilares.

Migración de votantes y reubicación de centros electorales

El cambio en las circunscripciones electorales con miras a inyectar votos de tendencia oficialista en aquellos bastiones de la oposición no es una práctica aislada. Pero también son frecuentes las denuncias tanto por parte de los técnicos electorales como de los propios votantes por cambios en sus centros de votación o migración de centros electorales sin razón que las justifique.

Desde inicios de 2015, año en que se realizarían las elecciones parlamentarias, el órgano electoral reubicó más de 1.200.000 votantes de un estado a otro, sin una causa que justificara semejante migración, con mayor incidencia en Barinas y Amazonas. En esa ocasión no sólo se trató de migrar esta gran masa de electores, sino que además se crearon nuevos centros electorales, más de 200 de ellos no contaban con una identificación conocida.

Esta “táctica” sorprendió a los venezolanos a horas de realizarse el proceso comicial del 15 de octubre pasado. Los centros electorales “asediados por la violencia opositora en los comicios de la Constituyente” fueron reubicados de cara al proceso electoral. Así lo informó la rectora Sandra Oblitas en una entrevista ofrecida al canal del Estado, VTV. La medida afectó un total de 274 centros electorales que fueron reubicados en los cuales ejercen su derecho al voto nada más y nada menos que 715.000 electores.

No hubo campaña informativa, lo cual es violatorio de las leyes electorales. El estado Miranda fue el más afectado por la medida. El hoy exgobernador de la entidad, Henrique Capriles, afirmó que más del 12% del electorado sufrió modificaciones en la localización de sus centros electorales. La oposición tuvo que echar mano a medidas de emergencia y establecer servicios de transporte a los electores que fueron reubicados.

Las cifras hablan por sí solas. La irregularidad impulsada desde el seno del organismo electoral afectó a unos 225.000 electores en el estado Miranda. El candidato Carlos Ocariz, a quien el CNE dio por perdedor, explicó que sólo 66.000 electores de los afectados acudieron a las urnas. “Esos eran votos nuestros. La diferencia en la votación que dice el CNE es justamente lo que se mudó”, dijo, en referencia a los 159.000 electores que no participaron en el proceso electoral. El candidato oficialista Héctor Rodríguez ganó por diferencia de 86.000 votos.

Durante los traslados a los nuevos centros de votación se registraron ataques a las unidades de transporte. “Atracaron, golpearon y le cayeron a tiros a electores durante los traslados en Chacao, Club Hípico, Carrizal, Casarapa y otros lugares”, denunció el candidato de la MUD. Otros estados también fueron afectados por la medida, como es el caso de Lara, Mérida, Aragua, Táchira y Anzoátegui.

La lista Tascón y Maisanta: la pérdida del secreto del voto, un caso palpable de apartheid político

En el año 2003, la coalición opositora inició un proceso de recolección de firmas con miras a lograr la convocatoria a un referéndum consultivo sobre el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez. Tras vencer los obstáculos impuestos desde el Gobierno, finalmente se llevó a cabo el referéndum revocatorio en agosto de 2004.

En uno de sus programas televisivos semanales, el mandatario nacional alertó que “el que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital”, recuerda en un texto que recoge estos hechos el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB).

En enero de 2004, el CNE entregó copia de la base de datos de los firmantes que impulsaron el proceso revocatorio, a partir de la cual miles de venezolanos fueron víctimas de despidos laborales y discriminación política, pero también el Gobierno estableció el apartheid en otros derechos fundamentales como los derecho a la vivienda, alimentación o educación, además de la violación del principio constitucional sobre el secreto del voto.

Incumplimiento del proceso de sustitución de candidatos

Reza el artículo 63 de la Lopre que “las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral. A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral tomará las medidas para informar a los electores y las electoras en el ámbito territorial al que corresponda la elección, sobre la modificación o sustitución realizada”.

Ninguna de las dos condiciones contempladas en la ley fue acatada por el órgano electoral. El lapso al cual hace referencia el texto legal obligaba al CNE a formalizar las sustituciones el 5 de octubre, de cara al proceso comicial a celebrarse el día 15 de este mes, sin que hubiera alguna respuesta por parte de las autoridades, como tampoco les fue informado a los electores que en el tarjetón habrían opciones que de ser escogidas generarían un voto nulo.

Distintos representantes de la oposición denunciaron la irregularidad, entre ellos el hoy electo gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa. “El CNE juega para el equipo del PSUV y eso es lamentable porque cae en actos delincuenciales. Hay un intento de violación a la ley, que estipula claramente que hasta 10 días antes del proceso, los partidos pueden cambiar sus candidaturas y desde el día 10 de septiembre ninguno ha podido registrar los resultados de las primarias en 19 estados. Ha demostrado no ser un árbitro imparcial, trata de generar votos nulos, incertidumbre, desasosiego, desesperanza y abstención, pero no lo lograrán”.

Se desconoce qué incidencia pudo haber generado esta irregularidad en las condiciones de sufragio de los venezolanos dada la confusión generada desde el organismo y la falta de información institucional para esclarecer la oferta electoral.

Esta misma confusión fue generada desde el CNE durante los comicios parlamentarios de 2015. Una tarjeta muy similar a la de la opción opositora (Min-Unidad) fue colocada en el boletón electoral justo al lado de la tarjeta de la coalición opositora.

Una tarjeta muy similar a la de la opción opositora (Min-Unidad) fue colocada en el boletón electoral

El comunicado de Smartmatic y la contratación a dedo de ExClé S. A.

En un explosivo comunicado, la compañía responsable de la tecnología electoral del voto en Venezuela denunció una serie de irregularidades, poco después de realizarse la elección de miembros a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció al país que en el proceso habrían sufragado nada más y nada menos que 8.089.320 de venezolanos, en un proceso plagado de irregularidades y sin la participación de los sectores de oposición. Representantes de la empresa de tecnología electoral Smartmatic le salieron al paso y denunciaron que “hubo manipulación del dato de participación”.

La inflación de los datos se estimó en “más de un millón de votos” a decir de los directivos de la firma. A pesar de la denuncia y de solicitud por parte de la coalición opositora a investigar estos graves hechos, nada ha sucedido al respecto.

Explica Martínez, periodista especializado en materia electoral, que existen dos opciones para conocer la magnitud del posible fraude ocurrido en esa jornada comicial del 30 de julio: “realizar una auditoría al boletín de totalización comparándolo con las actas de escrutinio de las 24 mil mesas de votación y en segundo lugar, una auditoría de no duplicidad de huellas”. Martínez relató que ya en 2013 se habría llevado a cabo una auditoría de los registros biométricos. “El resultado de esta auditoría nunca se divulgó”.

Tras la denuncia de Smartmatic, esta fue separada de sus actividades y el órgano electoral contrató de forma directa a la empresa con sede en Argentina, pero de origen portugués ExClé S.A. Esta firma que opera en el país desde el 2004 y con relaciones muy cercanas al oficialismo, es responsable de la asesoría biométrica del Banco Central de Venezuela, entre otras actividades. A pesar de lo que se lee en su portal digital, la empresa no está actualizada para contratar con el Estado, según consta en el Registro Nacional de Contratistas.

Ausencia de la tinta indeleble

La rectora del CNE, Tania D’Amelio, fue la encargada de informar — a través de su red social Twitter — que este mecanismo de seguridad sería desechado en los comicios del 15 de octubre, proceso que permite evitar la duplicidad en el voto o la usurpación de identidad.

“La Universidad Central de Venezuela mandó una comunicación al CNE anunciando que no iban a ser nuestros proveedores para este proceso electoral y nosotros responsablemente sacamos la tinta y obviamente buscaremos otros proveedores para el próximo diciembre si decidimos mantener la tinta indeleble”, dijo Lucena en julio pasado, pero la medida no fue tomada.

Irregularidades en los centros de votación durante los procesos comiciales

Lo que en un principio se trató de algún hecho aislado que bien pudo confundirse con delincuencia común, se convirtió al pasar los años en una práctica de frecuente ocurrencia durante las jornadas electorales en Venezuela. Las denuncias de ataques con armas de fuego — incluso con víctimas mortales — a las personas en espera de ejercer su derecho al voto con la finalidad de generar miedo y así evitar la participación electoral en centros de votación del estado Táchira, Bolívar o zonas populares de Caracas no han tenido respuesta por parte de los efectivos del Plan República, sobre quienes recae la seguridad y custodia en la jornada electoral.

Este tipo de prácticas ocurren también durante las horas de cierre de las mesas y contra testigos y coordinadores de centros que no son afectos al oficialismo. Y el 15 de octubre no fue distinto.

“Para presentar esa votación tuvieron que verse obligados a recurrir al delito. En el municipio Sifontes, las alianzas que tiene el gobierno regional y las Fuerzas Armadas, algunos de sus elementos, alianzas con pranes que controlan las minas, a punta de pistola vinieron a desalojar a mis testigos bajo amenaza; a las señoras que se mantuvieron firmes les dijeron que iban a matar a sus familias”, denunció Andrés Velásquez.

La lista de delitos electorales sigue…

El cambio en las fechas de las elecciones regionales — que finalmente se hicieron el 15 de octubre pero que debieron ser convocadas el pasado año — condicionó los tiempos de movilización, propaganda y logística en la preparación de testigos; la eliminación del Sistema de Información Electoral, que trajo no pocos casos de confusión en los electores a la hora de ejercer sus derechos al voto, denuncias de retraso en la apertura de centros electorales y cierre de estos después de las seis de la tarde aún sin tener electores en cola, el predominio de testigos y coordinadores de centros electorales manejados por el oficialismo, la coacción y chantaje a la población civil y empleados públicos de ejercer el voto a favor del oficialismo so pena de perder sus beneficios, el voto asistido o la acreditación de observadores internacionales solo promovidos y financiados por el gobierno venezolano, cierran esta lista exhaustiva de delitos electorales, irregularidades y violaciones a la Constitución y a las leyes.

Pero, no es el elector el que se se equivoca al ejercer el voto. Por el contrario. La participación activa de los venezolanos en los procesos comiciales les convierte en garantes de las prácticas democráticas y ha permitido develar los delitos e irregularidades promovidos desde el alto Gobierno y su injerencia directa en los poderes públicos venezolanos, un andamiaje que por más de 17 años acumula centenares de pruebas, testimonios y hechos que sustentan la existencia de un apartheid político en el país, “delito de lesa humanidad en su manifestación estrictamente racista”, tal y como contempla el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.